Desde el próximo miércoles 6, cualquier persona víctima de violencia familiar y/o de género podrá presentarse voluntariamente en General Güemes 254 de la ciudad de Salta, en donde funcionarán a pleno dos Defensorías Oficiales que fueron inauguradas hoy. Participó en este acto el vicegobernador Miguel Isa, quien acompañó a la Defensora General de la Provincia, María Inés Diez.
La inauguración de este nuevo servicio que garantiza el acceso al servicio de justicia a víctimas de violencia familiar y/o de género, coincide con el Mes de la Mujer. Las Defensorías funcionarán de lunes a viernes, de 7.30 a 13.30,
Además, en ese mismo domicilio, se podrán resolver conflictos civiles y familiares en el Centro de Mediación Comunitaria del Ministerio Público de la Defensa, que también fue inaugurado en el mismo acto.
Isa expresó que las políticas de Estado también son creación de conciencia, contar con una defensa y que no haya supremacía de uno sobre otros, es lo que genera un pueblo más seguro y con equidad.
María Inés Díez dijo que “brindaremos asistencia integral a víctimas de violencia familiar y/o de género quienes, a partir de ahora y en el marco de una iniciativa modelo y pionera en el país, tendrán garantizado el acceso gratuito, rápido y transparente a los servicios legales que les asisten, y a una más ágil adopción de medidas de protección en su favor”.
“Las estadísticas que dieron espíritu al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2565/15, transparentan una realidad social que bien califica como flagelo y en la que debemos trabajar con más ahínco”, consideró Diez.
“Estas son políticas públicas tendientes a facilitar el acceso de los salteños al servicio de justicia y, en particular, a las víctimas y familiares de delitos graves. A partir de ahora, en Capital, nuestros defensores oficiales asesorarán a las víctimas en todas las cuestiones relacionadas con el hecho violento y sus consecuencias jurídicas y conexas; velarán por el respeto de sus derechos y su estado físico y psíquico; serán parte legítima de su defensa con poder de actuación; requerirán información o copia de actuaciones relativas a la investigación de un delito cometido en su perjuicio y tendrán participación legal en el proceso penal como querellantes particulares”, enumeró Diez.
También participó el diputado nacional Pablo Kosiner, la presidente del Colegio de Gobierno del Ministerio Público y Asesora General de Incapaces, Mirta Lapad, el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Alberto Catalano, secretarios del Poder Judicial y legisladores provinciales.
Derechos y garantías de las víctimas
* A obtener una respuesta oportuna y efectiva,
* A ser oída personalmente por el Juez y por la autoridad administrativa competente,
* A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte,
* A recibir protección judicial urgente y preventiva cuando sus derechos se encuentren amenazados o vulnerados,
* A recibir un trato humanizado, evitando la revictimización,
* A oponerse a la realización de inspecciones sobre su cuerpo por fuera del estricto marco de la orden judicial. En caso de consentirlas y en los peritajes judiciales tiene derecho a ser acompañada por alguien de su confianza y a que sean realizados por personal profesional formado con perspectiva de género,
* A la protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones,
* A participar en el procedimiento recibiendo información sobre el estado de la causa,
* A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y
* A contar con mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios por el incumplimiento de los plazos establecidos y demás irregularidades.
