El primer caso, corresponde a una casa del grupo 220 Viviendas de barrio Los Crespones que había sido entregada en 2008. En ese año, los adjudicatarios -dos hermanos de la capital salteña- pagaron una sola cuota. Cuando llegaron a la número 30, el IPV los intimó y accedieron a pactar un plan de refinanciación del cual pagaron solo ocho cuotas. En 2013 comenzaron las intimaciones reiteradas de pago, pero los adjudicatarios nunca concurrieron al organismo provincial.
En tanto, en 2014 fue emitida una intimación con orden de desalojo, que fue reiterada en septiembre pasado. A pesar de todas las advertencias e intimaciones, los hermanos jamás se presentaron en las oficinas correspondientes. De hecho, la vivienda se encuentra actualmente deshabitada y sin conexión a los servicios de agua ni energía eléctrica.
Con esa información, basada en el seguimiento de cada caso, el Área Social priorizó la situación de la familia de Fanny Mendoza, cuyos integrantes residen en una habitación prestada, ubicada en un inquilinato sin baño ni cocina exclusivos, en barrio Santa Ana I, al sur de la capital provincial. Mendoza se desempeña como niñera y su marido jubilado, es una persona con discapacidad. Tienen dos hijos. La familia se inscribió en el IPV en 2009 y actualizó su ficha social este año.
El segundo caso, corresponde al de la familia integrada por Karen y su madre Gabriela López. El grupo se hallaba inscripto con normalidad, hasta que la niña fue atropellada cuando bajada del colectivo, siniestro que le dejó graves secuelas, por las que aún continúa internada en proceso de recuperación. Al agravarse su situación, el caso pasó a la Gerencia Social, que aconsejó la adjudicación. Este martes fue adjudicada una vivienda a la familia de Gabriela López. En ese caso, la preadjudicación anterior fue dada de baja por falta de ingreso del ahorro previo.
Recomiendan regularizar pagos y evitar desadjudicaciones
“El seguimiento de todos los casos por parte de las áreas específicas permite hallar las necesidades más urgentes dentro de la demanda habitacional existente”, expresó el presidente del IPV, Marcelo Ferraris.
También insistió en la necesidad de que todos los adjudicatarios cumplan con los pagos de las cuotas en tiempo y forma porque evitan así, las intimaciones previstas por la normativa vigente, pero fundamentalmente porque con esos pagos alimentan el circuito que permite construir nuevas casas para otras familias salteñas.
Finalmente, Ferraris recomendó regularizar los pagos y garantizar la habitabilidad de las viviendas, para evitar desadjudicaciones y posibles desalojos.
DASADJUDICÓ 2 CASAS POR FALTA DE PAGO
El IPV recuperó dos viviendas en una semana y las adjudicó a personas con discapacidad.
03/12/2015. Un caso se originó en la falta de pago de las cuotas y el segundo, fue la revocatoria de una preadjudicación por falta de ingreso del ahorro previo. En ambos casos, fueron adjudicadas a familias con alguno de sus miembros con discapacidad. El IPV recomendó regularizar los pagos y garantizar la habitabilidad para evitar desadjudicaciones y posibles desalojos.
