La presentación se hizo la semana pasada y es una más de las medidas solicitadas a la Justicia para que el traslado de las cajas se realice de acuerdo al protocolo establecido en el contrato original. Ya el viernes pasado, el juzgado de Garantías 6 ordenó a la empresa cumplir fielmente con el traspaso y preservar la documentación, además de disponer de una consigna policial.
El 1 de septiembre pasado se comunicó la rescisión del contrato de archivo, digitalización, custodia y logística que se mantenía con Plumada desde 2006 y se le indicó a la empresa que debía cumplir estrictamente con las responsabilidades asumidas durante los próximos 90 días hábiles administrativos.
Ese plazo se cumplió ayer, pero el Gobierno no pudo retirar ni 100 cajas porque los apoderados del empresario Moreno lo impidieron a traves de distintos artilugios, mintiendo incluso sobre la existencia de una medida cautelar de la jueza Silvia Longarte que (según esgrimieron a funcionarios) impedía el retiro de la documentación hasta tanto se efectuará una reunión de conciliación.
“Ante el riesgo que corría la documentación y la inexistencia de una medida cautelar a favor de la empresa, se efectuó la denuncia penal contra Plumada y su representante legal Moreno, a la que se adjuntó las actas de la Escribanía de Gobierno con fotos que acreditan los hechos”, indicó Elsa Pereyra, titular del Archivo de la Provincia.
Los hechos a los que hace mención la funcionaria tienen relación, entre otros, con la forma desaprensiva en que fueron entregadas algunas cajas, “tiradas en el playón de entrada de la empresa, en medio de charcos y sin ninguna disposición de seguridad”.
“Hay cosas que la empresa no dice porque no le conviene, pero viene actuando con chicanas y permanentes abusos porque sólo le interesa una actualización de los precios, no el traspaso, las condiciones en que se debe realizar ni el destino que tendrá la documentación”, agregó Pereyra, al marcar que todas las presentaciones hechas al Gobierno fueron respondidas.
La titular del Archivo es parte de una comisión fiscalizadora, creada para este proceso que está estancado. “En las respuestas enviadas a la empresa se fijaron las pautas para el retiro de la documentación y se aclaró que los precios son los del contrato original. A la vista está que a Plumada no le interesa un protocolo: su única finalidad es el ajuste de precios”.
El 3 de diciembre pasado, esa comisión notificó a Plumada que el 15 de ese mes comenzaría el retiro de la documentación, fijando las condiciones en que las cajas se debían encontrar para la correcta individualización. La idea era retirar 75 pallets diarios, objetivo que no pudo ser cumplido.
Pereyra recordó que la planta de Plumada fue construida con certificados de crédito fiscal de la Provincia, autorizados por el entonces gobernador Juan Carlos Romero, los cuales eran transferibles por un monto de $4.500.000. También tuvo exenciones impositivas por más de ocho años, además del contrato de guarda documental sin plazo de finalización, a esto hay que sumar se le dio un anticipo financiero de más de $ 3 millones, con una actualización de precios para digitalización de imágenes entre el contrato marco de 2006 y lo contratado efectivamente en 2007 de más de un 300 %.
