El deportista y su padre estaban acusados de defraudar 4,1 millones de euros a Hacienda a través de una estructura de empresas en paraísos fiscales. Ese entramado permitió al jugador omitir sus ingresos por explotación de los derechos de imagen (10,1 millones entre 2007 y 2009) y evitar el pago de impuestos en España.
La Abogacía del Estado pedía 22 meses y 15 días de cárcel para ambos; la Fiscalía, un año y medio solo para el padre, a quien acusa de tener un papel clave en la creación de esas sociedades.
