La posibilidad de prórroga por igual período, se evaluará según la evolución de la situación epidemiológica provincial.
Como lo hizo el organismo desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, -salvo en las etapas que permitieron flexibilizaciones-, la totalidad de fiscales, funcionarias y funcionarios y personal, trabajan en forma remota y están a disposición telefónicamente durante las 24 horas. La atención al público se restringirá totalmente a partir de este jueves.
La Resolución 1079 establece también que cuando lo requieren las necesidades del servicio, por audiencias, personas presas y otras situaciones, las funcionarias y funcionarios deberán concurrir a las oficinas para la articulación de las diligencias procesales, conforme el cronograma de guardias rotativas establecido. Además, quedó establecido que las y los fiscales, asumirán la vista de sus intervenciones de acuerdo a ese cronograma y deberán verificar en los Juzgados de Garantías habilitados, la necesidad de los actos procesales que se requieran.
El mismo texto exhorta a todas las personas integrantes del Ministerio Público Fiscal al estricto cumplimiento del aislamiento social y preventivo en el ámbito de sus incumbencias y responsabilidades, como de todas las medidas de prevención e higiene emanadas por las autoridad sanitaria local, para evitar cualquier tipo de situación que pueda generar atisbos o principios de contagio en sus ámbitos de actuación.
Es que frente a las circunstancias excepcionales que está atravesando la sociedad, resulta imprescindible que el Ministerio Público Fiscal asegure su capacidad de adaptar los recursos materiales y humanos que sean necesarios para responder a las contingencias que el presente contexto sanitario genera en todo el país y en especial, en la provincia. Por ello, desde el 20 de marzo pasado, se articuló un esquema de trabajo esencialmente dinámico y sujeto a la permanente evaluación y adecuación en su funcionamiento. Todo ello, en consonancia con las recomendaciones sanitarias vigentes, lo que permitió además garantizar la prestación del servicio de justicia.
Y hoy, la Procuración General se encuentra obligada a adoptar decisiones indispensables, con la urgencia y premura que demanda la coyuntura sanitaria local, a partir de las últimas declaraciones de circulación viral comunitaria de Covid-19 de la Ministra de Salud y su par, el Ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia y las medidas restrictivas del Comité Operativo de Emergencia.
