Del decreto de imputación surge que la acusada, en su condición de socia de la firma Flor Azul, Sociedad por Acciones Simplificada, realizó viajes en los que infringió la normativa impuesta por la autoridad de aplicación para el ingreso de pasajeros provenientes de otras ciudades a la Ciudad de Salta.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos tomó intervención de oficio, a partir de las noticias que tomaron estado público y que indicaron que el pasado 9 de abril llegaron 40 estudiantes desde la provincia de Córdoba, quienes habrían abonado la suma de $ 3.500 a la empresa de Silvia Magno, y que, según denunció una madre en una entrevista radial, tras lograr una “demorada” autorización supuestamente del Ministerio de Seguridad de Salta, los trasladó “de regreso a casa”.
En este sentido, el secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, aclaró que la autorización de los viajes de repatriados son dados por Nación e indicó que de parte de la Provincia, se activó el candado sanitario y de seguridad correspondiente.
De constancias extraídas de la página web de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte respecto de las autorizaciones que debió solicitar la empresa Flor Azul SAS, sobre viajes informados por la División Policía Turística; surge que no registran pedidos de DUT (documento electrónico que debe generar la empresa) en los viajes realizados los días 2 de abril a las 22:40, 9 de abril a las 09:35 y 10 de mayo a las 14:15.
Además de la falta de DUT, el viaje de fecha 2 de abril se realizó en incumplimiento de la resolución del COE; al igual que el viaje realizado el 9 de abril, en relación al horario en que debían efectuarse los ingresos a la Provincia.
También se registra respecto de los viajes de fechas 9 de abril a las 21:50; 26 de abril a las 10:15; 26 de abril a las 15:35; 24 de mayo a las 08:50 y 28 de mayo a las 14:00; que los manifiestos de viajes en orden a la cantidad de pasajeros que debían ser trasladas fue superior en todos los casos a las declaradas al solicitar los DUT.
En tanto, en el viaje realizado el 28 de mayo, la acusada declaró como conductores a dos personas que de acuerdo a informes, eran otras. Todo ello en función de que la información contenida en los DUT no puede ser modificada.
Por otro lado, la fiscal verificó que solamente requirió autorización a la Subsecretaria de Transporte de la Nación respecto de los viajes realizados los días 25 de abril y 27 de mayo, que debió ser solicitada en forma previa a realizar los traslados de pasajeros a esta provincia.
