El proyecto será remitido a la Legislatura por el Gobernador salteño para su tratamiento.
El Poder Ejecutivo y la Corte de Justicia de Salta impulsan la implementación del juicio por jurados populares en la Provincia. El gobernador Juan Manuel Urtubey y los jueces de la Corte de Justicia, encabezado por su presidente, Guillermo Catalano se reunieron hoy para analizar el proyecto que será enviado por el mandatario provincial a la Legislatura para su tratamiento.
La provincia de Salta evalúa desde hace varios años la introducción del sistema de jurados populares en el ámbito de la justicia penal; en ese orden se llevaron a cabo jornadas en las que intervinieron especialistas nacionales y extranjeros, realizándose simulacros de juicios por jurados.
El juicio por jurados consagra el derecho de los ciudadanos a participar en la administración de justicia. La Constitución Nacional habilita en sus artículos 24 y 118 a las provincias a la implementación de dicho sistema. De este modo Salta se sumará a Mendoza, Chaco, Río Negro, Buenos Aires, Neuquén, Chubut y Córdoba.
Durante el encuentro, el Presidente de la Corte de Justicia comentó al Gobernador la experiencia del primer juicio por jurados que se llevó a cabo en la provincia de Mendoza, donde se interiorizaron del funcionamiento de este sistema.
La iniciativa establece aplicar en Salta un plan piloto. Una vez aprobada la ley respectiva, los jurados populares intervendrán en casos de Homicidio Agravado y Abuso Sexual seguido de Muerte, delitos establecidos en los artículos 80 y 124 del Código Penal.
Básicamente la función de los jurados populares es decidir en un juicio penal si una persona acusada por un fiscal penal de la comisión de un delito es o no culpable. Los jurados populares se componen por 12 ciudadanos titulares y sus suplentes, los cuales surgen de una nómina anual; de este listado en el juicio del debate se procede a la selección de quienes se desempeñarán durante el juicio como jurados populares.
El presente proyecto, sigue esencialmente los lineamientos que planteara la Corte de Justicia de la Provincia, que, sobre la base de amplio diálogo previo, hizo entrega de un ante proyecto que toma en cuenta diversas fuentes del derecho Argentino, considerando las posibilidades y realidades actuales de la provincia de Salta.
Participaron en la reunión, el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano el vicepresidente, Ernesto Samson, el vicepresidente segundo Fabián Vittar, el juez decano Guillermo Posadas y los jueces de Corte, Sandra Bonari, Teresa Ovejero y Pablo López Viñals.
Principales fundamentos
El mandato relativo a que los juicios criminales se lleven a cabo mediante jurados populares, data desde la organización nacional y se encuentra plenamente vigente al haberse convalidado en la reforma introducida a la Constitución Nacional en 1994, resultando indispensable para robustecer la credibilidad de las instituciones.
Este proceso debe entrar ahora en un estado de definición en el contexto del reciente pronunciamiento de la Corte de Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Canales”, donde se dejó claramente zanjada la antigua disputa que ponía en duda la facultad de las provincias para legislar sobre juicio por jurados.
Es una alternativa que permite conjugar la precisión del saber técnico con la apreciación del saber popular, congregando la garantía inherente al debido proceso y la percepción de la realidad propia de una decisión basada en el sentido común.
Se produce un acercamiento del pueblo a la Justicia, que contribuye a un ejercicio responsable de la ciudadanía y legitimando democráticamente, las resoluciones judiciales en los casos más graves en materia penal.
Entre los fundamentos se destaca que el juicio con jurados tiene un rol esencial dentro del sistema de frenos y contrapesos del sistema republicano siendo un control directo sobre los actos de otros poderes del Estado; es el modo en que el pueblo muestra a los poderes del Estado su visión de la realidad; implica una mayor garantía de imparcialidad; la división entre veredicto a cargo del Pueblo y sentencia a cargo del juez estatal brinda a los ciudadanos la máxima garantía de desconcentración del poder punitivo.
Además de la calidad de los fallos, se trata del cumplimiento del mandato constitucional para completar el sistema elegido por los constituyentes para el control de la gestión pública.
