La pena fue impuesta a Walter Renato Gómez, un vecino de 31 años de San Lorenzo, quien fue hallado culpable del delito de estafa reiterada, en cuatro hechos, siendo las víctimas personas que captó a través de amigos en común, y a quienes embaucó con la supuesta entrega de viviendas.
De las investigaciones realizadas por la fiscal penal, María Eugenia Guzmán, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se pudo establecer que Gómez, junto a otro sujeto, aducía ser intermediarios de funcionarios o directivos del Instituto Provincial de la Vivienda de la Provincia.
De esta manera, y entre los años 2014 y 2015, Gómez llevó a cuatro familias a aportar sumas de dinero que ascendían hasta los 25 mil o 28 mil pesos, dinero que los interesados pagaban a pedido del acusado y su cómplice, a cambio de la adjudicación de viviendas.
En su relato, los damnificados indicaron que fueron captados cuando acudieron a las oficinas del IPV, casualmente para informarse de las oportunidades de ser beneficiados; en otros casos, en tanto, fueron abordados a través de amigos en común, quienes también resultaron afectados con estas maniobras.
Tras la detención de Gómez, quien fue reconocido por una pareja estafada en las oficinas del IPV, la fiscalía avanzó con las actuaciones penales, las que determinaron la responsabilidad del acusado en cuatro hechos de estafa.
Al momento de arribar a juicio, y en función del criterio de oportunidad contemplado por las normas legales vigente, la defensa solicitó la posibilidad de someter el caso al proceso de suspensión de juicio a prueba, recurso que permite a la fiscalía y la defensa acordar una pena y otras medidas de reparación para los damnificados.
En vista de ello, la fiscalía acordó con la defensa la imposición de una pena de un año y seis meses de prisión para Gómez, pues quedó probada su participación en los hechos de estafas imputados, como así también se impuso la devolución del dinero a los afectados.
El acuerdo fue avalado por la Sala VI del Tribunal de Juicio, la cual dictó la resolución por la cual se aplicó la sentencia y disposición que obliga ahora a Gómez a devolver en cuotas el dinero que fue aportados oportunamente por los damnificados, siendo esta una condición esencial para mantener el beneficio de la prisión condicional.
