La fiscal Sodero en su alegato, realizó un relato de lo ocurrido en diciembre del 2014 en la finca La Ramada, de Campo Santo, donde existió la participación de menores de edad en una reunión social, tal situación llevó a juicio a los imputados de corrupción de menores.
Sodero consideró que la prueba recolectada corrobora la imputación inicial por la que llegaron a juicio los acusados y que el hecho encuadra en el delito de corrupción de menores el cual es punible. Remarcó que es irrelevante el consentimiento de las víctimas ya que no eran las menores las que debían decidir sino los adultos.
“En este juicio se buscó juzgar a las víctimas. Es increíble que eso siga pasando”, reclamó. En este caso las víctimas estaban en situación de extrema vulnerabilidad por todas sus circunstancias personales que pasaban.
Las pericias realizadas por el CIF aportó información importante respecto de que no se trataba de una reunión familiar como se quiso mostrar, en uno de los celulares se encontraron más de 70 archivos de imágenes pero no todos pudieron ser recuperados por el software de los peritos, sin embargo las imágenes recuperadas ayudaron a confirmar la hipótesis de la investigación en un principio.
La fiscal citó jurisprudencia respecto a que las personas menores no son corruptas y resaltó que “si no pasó nada más esa noche habrá sido porque las menores no quisieron”. Lo cual no desvirtúa la imputación. Por lo que la fiscal mantuvo la acusación de corrupción de menores para los tres acusados en grado de coautoría.
Para Valdez y Amador, la fiscal solicitó una pena de 4 años de prisión efectiva y en el caso de Mazzone entendió que le cabe una responsabilidad mayor porque era un importante funcionario público y solicitó una pena de 4 años y ocho meses de prisión de ejecución efectiva.
En la sentencia el tribunal mantuvó la calificación solicitada por la fiscalía y condenó a los tres imputados, Mazzone, Amador y Valdez en calidad de coautores a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional. También ordenó remitir copias de declaraciones de testigos a fin de que se investigue la comisión del delito de falso testimonio.
La fiscal en contacto con los medios de comunicación mostró su conformidad por el resultado, sin embargo sostuvo que espera poder leer los fundamentos, que serán entregados en cinco días, a fin de conocer respecto a la pena impuesta por el tribunal.
