Se ordenó que la imputada permanezca alojada en la Penitenciaría local.
En el mismo fallo se condenó a Vicente Sergio Posse (40) a la pena de seis meses de prisión efectiva por resultar coautor material y penalmente responsable del delito de robo simple. El juez revocó la condicionalidad de una pena anterior impuesta por el Juzgado de Garantías de Séptima Nominación, unificando las condenas en la pena única de tres años de prisión efectiva, y ordenó que el imputado continúe alojado en la Cárcel Penitenciaria local.
También fue condenada Paola Mariela Frías (30) a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por resultar coautora material y penalmente responsable del delito de estafas reiteradas (seis hechos) en concurso real.
Finalmente, se condenó a Pedro Alejandro Avendaño (34) a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por resultar coautor material y penalmente responsable del delito de estafas reiteradas (seis hechos) en concurso real.
A los condenados Frías y Avendaño se les impuso las siguientes reglas de conducta: fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Presos y Liberados; abstenerse del consumo de sustancias estupefacientes y del abuso de bebidas alcohólicas; adoptar oficio acorde a sus capacidades; realizar trabajos no remunerados a favor de una institución de bien público y presentar constancias de su cumplimiento al tribunal. Todo ello por el plazo mínimo de dos años y bajo apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena impuesta.
Los imputados fueron condenados por una serie de hechos ocurridos entre 2013 y 2014. Haciéndose pasar por empleados de la Secretaría de Tierra y Hábitat, decían que estaban preadjudicando carpetas para la entrega de terrenos en barrio Atocha IV. Los quince damnificados les entregaron para tal fin entre mil y 12 mil pesos cada uno.
Los acusados utilizaban para concretar el engaño camionetas ploteadas con logotipos del Gobierno de la Provincia, así como carpetas con membretes oficiales. Uno de los hechos se habría cometido incluso en las dependencias de la Secretaría de Tierra y Habitat, donde María Mercedes Rodríguez citó a una de las víctimas solicitándole que le enviara mensaje de texto al llegar. Cuando la damnificada arribó al edificio, la imputada salió, la atendió y la despachó rápidamente diciéndole que estaba ocupada.
