El procurador general Pedro Oscar García Castiella, junto a la fiscal Penal Juvenil Nº 1, Nadia Lorena Cruz, y el secretario relator, Aldo Rubén Saravia, se reunieron con miembros de la Comisión de Legislación General del Senado, con el objeto de analizar el proyecto de Ley que modifica parcialmente el “Régimen de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes” (Ley 8097), cuya entrada en vigencia viene siendo prorrogada sucesivamente.
En el encuentro, el Procurador General expuso la visión desde el Ministerio Público Fiscal sobre el proyecto que se encuentra en tratamiento, resaltando la importancia de avanzar con la implementación de la Ley 8097, que establece principalmente un modelo procesal acusatorio para el abordaje de los delitos que puedan haber sido cometidos por jóvenes menores de edad, como así también prevé una serie de derechos y garantías que brindan un tratamiento diferenciado y especializado de esos casos.
García Castiella destacó que la transición a dicho modelo procesal, implica que el Ministerio Público Fiscal asuma la carga de la investigación de los hechos -que hasta el momento, viene siendo ejecutada por los Juzgados de Menores y bajo modalidad procesal mixta-, para lo cual resulta absolutamente indispensable que se dote de mayor estructura al M.P.F.S., para poder afrontar ese enorme desafío. Por esta razón, evaluó como positiva y saludable, la instauración de los cargos propuestos en el proyecto mencionado, al mismo tiempo que se respaldó la sugerencia de la Cámara de Senadores de condicionar la implementación de la Ley al pleno establecimiento en sus funciones de los Fiscales, Defensores y Asesores de Incapaces previstos en el Distrito Centro en una fase inicial, y posteriormente en toda la provincia.
Además, el Procurador expresó su preocupación en relación al proceso que se podría establecer en casos donde menores inimputables cometan delitos de extrema gravedad. Señaló que el Estado no debiera limitarse únicamente a emitir un sobreseimiento por inimputabilidad, sino que requiere estar en condiciones de proporcionar una respuesta más cuidadosa y adecuada en estas circunstancias. No sería apropiado que el Estado se desentendiera de la situación, ya que le incumbe garantizar tanto el respeto por los derechos y garantías del joven que cometió el delito, así como también, abordar adecuadamente sus problemas subyacentes. Correspondiéndole además, atender a los efectos mismos del delito y a la posible alarma social que eventualmente provoque, escuchar a las víctimas y canalizar así el derecho a acceder a la verdad respecto de los hechos investigados. En respaldo de esta postura, se hizo referencia a la necesidad de atender estos aspectos para evitar situaciones de autoincriminaciones direccionadas a lograr impunidad en mayores o menores imputables.
Por su parte, la fiscal Nadia Cruz resaltó la imperiosa necesidad de la participación de operadores específicos, como es el caso de equipos profesionales interdisciplinarios. Estos actores son fundamentales debido a su estrecha relación con la esencia y la singularidad del procedimiento penal juvenil, el cual demanda un enfoque diferenciado en comparación con los procedimientos para adultos. Enfatizó que gracias a estas intervenciones, es posible adecuar las medidas cautelares establecidas en el proceso penal juvenil, considerar la viabilidad de soluciones alternativas, evaluar la aplicación de criterios de oportunidad y determinar la necesidad o no de imponer una pena.
Nadia Cruz también destacó el trabajo llevado a cabo por la Comisión Especial del Régimen de Responsabilidad Penal para Niños, Niñas y Adolescentes, instituida en virtud de la Ley 8333. Esta comisión tiene como propósito presentar las reformas legislativas necesarias y un plan progresivo de implementación del “Régimen Penal Juvenil”, tal como se establece en la ley 8097, contemplando los órganos que intervienen en el proceso penal y los dispositivos y herramientas que se requieren para la atención de las necesidades de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal.
Es importante destacar que esta Comisión estuvo integrada por dos Diputados Provinciales, dos Senadores Provinciales, dos representantes del Ministerio Público (uno por la Defensa y otro por la Fiscalía), dos representantes del Poder Judicial y dos representantes del Poder Ejecutivo, quienes presentaron un proyecto cuyo texto obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en tratamiento ante la Cámara de Senadores, lo que motivó la invitación al Procurador General para que brinde su perspectiva y opinión al respecto.
