El imputado tiene participación societaria en ambas sociedades según habría quedado acreditado en el legajo de investigación con copias de sus mismas declaraciones juradas.
El pedido fue realizado por la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos señalando que oportunamente se formuló decreto de citación a audiencia de imputación en contra de Juan Carlos Romero, atribuyéndole provisionalmente el delito de enriquecimiento ilícito “toda vez que de la evidencia recogida surge que el investigado mediante personas interpuestas para disimularlo, habría obtenido un incremento patrimonial apreciable posterior a la asunción de su cargo como Gobernador de la Provincia, el que aparecía como considerable e injustificado, en tanto se presentaba como excesivo respecto a los ingresos legítimos que hubiera tenido durante el ejercicio de sus funciones, sean que hubieran provenido de su función o aún de la actividad privada en la que participaba”.
El juez consideró que la medida surge como “adecuada para resguardar preventivamente los bienes que eventualmente pueden ser decomisados y evitar que se realicen actos evasivos tendientes a ocultar y dificultar la detección de los bienes sujetos a decomiso –enajenación a terceros, etc.-“.
