Del requerimiento de juicio, presentado por la fiscal penal, María Eugenia Guzmán, al juzgado de garantías 2, a cargo del juez, Ignacio Colombo, surge que Gordillo incurrió en el delito de estafas reiteradas, seis hechos, en perjuicio de vecinos de distintas partes de la ciudad, quienes fueron víctimas del engaño pergeñado por el imputado.
Guzmán explicó en su pedido de juicio contra Gordillo que las actuaciones penales se iniciaron a partir de la denuncia de seis personas, entre ellas Irene Santander, Héctor Acosta, Martín Chocobar, Irene Rosales, Celeste Gutiérrez y Cristhian Acosta.
Al relatar lo sucedido, todos los denunciantes fueron coincidentes en señalar que acudieron a las oficinas de la subsecretaría de Tierra y Hábitat, donde llegaron en busca de realizar trámites para poder ser beneficiados con la adjudicación de un terreno.
Agregaron que en dichas instalaciones, fueron abordados o atendidos por Gordillo, quienes en todo momento adujo ser empleado del organismo. Dijeron que este sujeto les indicó los pasos a seguir con tanta naturalidad que no dudaron en que se trataba de un trabajador de esa dependencia.
Tras explicarles los papeles que debían presentar, Gordillo, según denunciaron, les indicó una vía más rápida para obtener la propiedad que buscaban, para la cual, claro, debían abonar una determinada suma de dinero, con lo cual se agilizaría la adjudicación.
Al respecto, los damnificados manifestaron que pagaron la suma de 15 mil pesos, ya sea en dos o tres partes.Algunos, incluso, señalaron que lo hicieron en las mismas instalaciones de la subsecretaría de Tierra y Hábitat, mientras que en otros casos, Gordillo se presentó en sus domicilios a cobrar dicho monto.
Como garantía del trámite, el imputado entregó a los damnificados una constancia de adjudicación, la cual llevaba la firma del entonces titular de ese organismo, Diego Barreto, acompañada de un sello de dicha dependencia, como así también el número de expediente en curso.
Posteriormente, al concurrir a las oficinas de Tierra y Hábitat, los damnificados, uno a uno, descubrieron que nadie conocía a Gordillo, quien, a propósito, dejó de contestar los llamados de sus víctimas, quienes terminaron por denunciarlo.
La investigación
Con la colaboración de efectivos de la División de Delitos Económicos, de la Brigada de Investigaciones, la fiscal llevó adelante una serie de diligencias que permitieron confirmar la denuncia de los vecinos, como así también reunir suficientes elementos de pruebas contra Gordillo.
Al examinar las constancias, se pudo establecer que la firma de Barreto era falsa, como así también el sello. Asimismo, la asesora letrada de Tierra y Hábitat, María del Valle Bru, como respuesta de un pedido de informe de la fiscalía, sostuvo que el acusado no era empleado de ese organismo.
Los investigadores de la policía, en tanto, pudieron obtener otro cúmulo de elementos probatorios al allanar la vivienda de Gordillo, donde secuestraron documentación utilizada para fraguar las constancias “truchas”,como así también incautaron el celular del imputado.
Al ser examinado, se descubrieron distintas conversaciones por mensajes de texto que prueba la relación de Gordillo con los damnificados. También se obtuvo documentación bancaria que demuestra ciertos depósitos realizados por una de las denunciantes a la cuenta del acusado, quien al ser imputado se negó a prestar declaración indagatoria.
En función de estas pruebas, la fiscal Guzmán decidió cerrar la etapa preliminar del proceso penal, puesto que a su criterio Gordillo incurrió en el delito de “estafa reiterada”, penalizada por los artículos 172 y 55 del Código Penal, con penas que llegan hasta los seis años de prisión.
Por esta razón, la fiscalía elevó las actuaciones para que Gordillo sea juzgado, puesto que con su accionar no sólo causó daño económico de 90 mil pesos, sino generó desazón en los vecinos que habían ido en busca de realizar los trámites para la obtención de un terreno. Asimismo, Guzmán solicitó el embargo de los bienes de Gordillo en vista del daño causado.
