La acusación gira en torno al destino de dos viviendas que debían haber quedado en el patrimonio de la provincia, pero fueron vendidas por los acusados.
Por el hecho, el fiscal Gómez Amado imputó a los acusados los delitos de “asociación ilícita en concurso real con enriquecimiento ilícito de funcionario público, imputable a Fermani y Aguirre y en perjuicio de la administración pública”.
La causa penal surge de un expediente que fue girado por Ministerio de Salud Pública, en ese entonces a cargo de Néstor Enrique Heredia, quien puso de manifiesto la irregularidad detectada en la localidad de las Lajitas respecto al uso y destino de dos viviendas, las cuales eran entregadas en comodato a los médicos para que pudieran alojarse en las mismas durante el tiempo que prestaban servicio en el hospital de esa ciudad.
En las actuaciones, se pudo establecer la construcción de tres viviendas con fondos nacionales, con la condición de que posteriormente las mismas queden en manos de la provincia. Una de esa casa quedó luego de varios comodatos en manos de la Municipalidad de Las Lajitas.
Las otras dos, en tanto, se utilizaron para el destino por las cuales fueron construidas, según informó el fiscal. Esto sucedió hasta el año 2013, cuando se advierte que las dos casas se registraron a nombre de un particular, quien a su vez vendió los inmuebles, produciéndose una cadena de ventas hasta que quedaron en manos de Fermani y Aguirre.
En vista de ello, las actuaciones fueron giradas a la fiscalía de Joaquín V. González, la que llevó adelante las investigación del caso, la cual consistió en reunir toda la documentación del caso, entre ellas los decretos de entrega de los fondos a la Municipalidad de Las Lajitas para la construcción de los inmuebles hasta los numerosos comodatos que se firmaron cada vez que la vivienda era utilizada por distintos profesionales.
A partir de estas pruebas y otras más que fueron ordenadas por la fiscalía, en los últimos días, se citó a audiencia de imputación a los acusados. Fermani, según se informó, no compareció a la audiencia fijada para el jueves pasado, aunque presentó un escrito que por compromisos asumidos con anterioridad no podía cumplir con la citación, por lo que solicitó la suspensión de la medida y se fije una nueva fecha de audiencia.
Respecto a Aguirre y Alvarez, las mismas, a través de sus respectivos defensores presentaron certificaciones médicas que imposibilitaban su asistencia por razones de salud, como así también pidieron la suspensión de la diligencia.
Paiva, por su parte, se hizo presente a la audiencia de imputación, oportunidad en la que el fiscal le dio a conocer las pruebas reunidas y lo notificó del delito imputado, tras lo cual el acusado se abstuvo de prestar declaración indagatoria, aunque señaló que lo hará posteriormente por escrito.
En los próximos días, en tanto, la fiscalía fijará nuevas fechas de audiencia para los otros acusados a fin de cumplir con la medida procesal y seguir con la causa penal en curso.
