Mientras tanto, el Intendente de la Capital de Salta, Gustavo Sáenz, opinó en www.informatesalta.com.ar sobre los hechos de violencia y la conciliación obligatoria convocada por Trabajo: “No voy a acordar una conciliación sin sancionar a inadaptados”, dijo de manera contundente el jefe comunal.
A raíz de los incidentes ocurridos la semana pasada en el Centro Cívico y el Tribunal de Cuentas Municipal, la fiscal penal, Gabriela Buabse, imputó los delitos de incitación pública a la violencia, daños calificados, compulsión coactiva, atentado a la autoridad, lesiones leves, tentativa de robo agravado y amenazas al titular del gremio UTM, Pedro Serrudo y a otras diez personas más.
Los acusados serán citados en las próximas horas a fin de presentarse en la sede de la fiscalía penal 5, en calle Paraguay al 1200, donde se realizarán las correspondientes audiencias de imputación, oportunidad en que se las hará conocer los elementos de pruebas reunidos en su contra, como así también podrán prestar declaración indagatoria.
Según lo establecido por el Código Penal, los delitos imputados hasta el momento tienen penas de hasta seis años de prisión, como el caso de incitación pública a la violencia. Cabe señalar también que el número de hechos complica la situación procesal de los imputados.
Las actuaciones penales se iniciaron a partir de diversas denuncias, entre ellas la radicada por la asesora legal de la Municipalidad de Salta, Gabriela Causarano, tras lo incidentes ocurridos el viernes pasado en la sede del Centro Cívico Municipal, cuando un grupo de manifestantes irrumpió de manera violenta en dichas instalaciones.
A partir de ello, la fiscalía recibió hasta el momento diez denuncias de víctimas, ordenó la recopilación de imágenes de las cámaras de vídeo de seguridad y filmaciones que fueron subidas a las redes sociales, como así también se tomaron declaraciones testimoniales.
