En medio del fragor electoral, se compite en elocuencia cuando de narcotráfico se trata, y asombrosamente muchos de los pregoneros de la dureza total no escuchan, no oyen o no consultan a los que durante muchos años vienen sugiriendo soluciones reales como políticas de Estado, no como métodos espasmódicos ante la urgencia del resultado. Uno de los aliados más firmes del narcotráfico es la hipocresía. Es decir, el describir situaciones harto conocidas hasta el paroxismo y proponer mayor dureza como único método apto para ello. Recientemente en la pantalla de los cines se exhibió el filme “Sicarios” protagonizado por Benicio del Toro, tal vez los pregoneros a los que me refiero deberían haberlo visto varias veces.
La amarga conclusión que se obtiene de “Sicarios” es que en la frontera entre Estados Unidos y México, más concretamente entre El Paso y Ciudad Juárez, se decidió permitir que un sector de las fuerzas encargadas de combatir el narcotráfico en complicidad con narcotraficantes trafiquen un porcentaje del flujo general. Es decir, se acepta que haya un tráfico paralelo que si bien en escala puede ser menor, lo consideran necesario para combatir al de mayor escala. Éticamente resulta, cuanto menos, repugnante. Y nada hace pensar que esa tendencia vaya a disminuir. En esa frontera hay muros, alambres eléctricos, puestos de control armados hasta los dientes y torres de vigilancia con reflectores de gran potencia. Sin embargo, se acepta que haya un tráfico menor para combatir otro mayor. Otro dato que muestra “Sicarios” es la cantidad y el poderío de las fuerzas norteamericanas involucradas en el asunto. Sin duda no es un modelo que resulte conveniente seguir.
El primer acto de sinceridad en nuestro país sería distinguir si realmente se quiere tratar la salud de los consumidores y encarcelar a los narcotraficantes. Son dos cosas diferentes. Uno es un problema de salud pública, inclusión y educación. El otro, es un problema de seguridad del Estado. El segundo acto, sería el de sanear ciertas estructuras dentro de los poderes públicos y las fuerzas de seguridad.
Mientras no se expulsen de los poderes públicos a quienes están sospechados y se haga una reforma integral del sistema de seguridad, lo cual no se dice en ningún lado, las esperanzas son pocas. Eso requiere reformas en la Justicia Federal y en el Ministerio Público Fiscal.
La Corte Suprema, se ha sumado a la confusión, creando una comisión con jueces afines ideológicamente a la D.E.A., (Drug Enforcement Administration) organismo norteamericano cuya reputación ha quedado hecha añicos en su propio país de un tiempo a esta parte. A su vez se ha sugerido un muro con Bolivia, cuando en realidad el mayor problema lo tenemos dentro de nuestro país, no fronteras afuera.
Bolivia es un país cuya prosperidad económica lícita atrajo a miles de argentinos a realizar inversiones, también legales, en los últimos tiempos: ¿por qué levantarle un muro al tráfico vecinal fronterizo?
Asimismo, se quiere convocar a las Fuerzas Armadas a “blindar” las fronteras como si se tratase de una hipótesis de conflicto bélico. ¿Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval fueron creadas para vigilar las fronteras, acaso no se puede mejorarlas? Las Fuerzas Armadas existen para y por la defensa nacional, como también para integrar fuerzas multinacionales de paz en cualquier lugar del mundo donde sean requeridas, como sucedió en los conflictos de Chipre y los Balcanes.
La solución está al alcance de la mano, debemos recurrir a la ética y animarnos a reconocer que si no se expulsan los bolsones de corrupción dentro de la Justicia, el Ministerio Fiscal y las fuerzas de seguridad, realizando un Pacto Nacional de Seguridad como política de Estado, nada cambiará.
