El proyecto establece que la provincia desistirá del juicio iniciado al Estado Nacional, busca agilizar las jubilaciones de los empleados públicos, prohíbe a la AMT aumentar el precio del boleto de colectivo por encima de la media nacional y modifica alícuotas de impuestos provinciales para los próximos cinco años con el objetivo de eliminarlas o unificarlas a nivel nacional.
El diputado Mario Vilca resaltó la importancia de aprobar el proyecto, basándose en el contexto de la caída de recursos de la provincia que fueron consecuencias de políticas tomadas desde el gobierno nacional, lo que significó para Salta una disminución acumulada de 3 mil millones de pesos y 600 millones de pesos por el fondo de la soja en 2017.
El legislador aseguró que los compromisos asumidos obligan a adoptar medidas de saneamiento de las cuentas públicas, de modernización del Estado, de coordinación de las potestades tributarias y de eliminación de distorsiones; a la vez que agregó que el acuerdo fiscal procura solucionar conflictos en relación al régimen de coparticipación federal de impuestos, afectaciones específicas de recursos y transferencias de competencias, servicios y funciones.
“Desde el macrismo se propusieron reformas tributarias y laborales propias de la política de ajuste ideada por el gobierno nacional. Pero las consecuencias para quienes no adhirieran al Consenso Fiscal, debido a la dependencia de los fondos nacionales que existe, deja a las provincias sin otra alternativa”, dijo Vilca.
En este sentido, el diputado Lucas Godoy aseguró que esta situación extrema no es culpa de ninguna de las provincias que firmó el acuerdo, sino del gobierno nacional que mediante el sistema de compensaciones que se otorga a las que adhieran al Convenio deja a todas las regiones entre la espada y la pared.
“El gobierno nacional aumenta todo a los más pobres, que son los únicos que sufren el ajuste: aumenta servicios, los combustibles, el año pasado la inflación fue de un 40%; y con las modificaciones fiscales propone reducciones de beneficios para los jubilados, perjuicios a la cooperadoras asistenciales, excepciones impositivas a las mineras, etc.”, declaró el legislador.
Así también, Godoy anticipó que hay un creciente déficit económico y esto provocará complicaciones a los municipios para afrontar el pago de salarios, la realización de obras, etc, lo que en definitiva acrecienta la dependencia hacia la Nación.
Por su parte, el diputado Matías Posadas se lamentó que existan diferentes sectores que se culpan el uno al otro ante la actual crisis económica, y no asumen las responsabilidades que le competen, demostrando una vez más que las posiciones fanáticas han hecho mucho daño al país.
“Debemos tener un Estado fuerte desarrollando un gran papel en el que se fortalezcan todas la actividades sociales como trabajo, salud y economía. Actualmente Salta es una provincia desfinanciada que gastó más dinero del que le ingresó, producto de los bajos recursos de la coparticipación recibidos, dejando a las claras el centralismo del país”, explicó el legislador.
En tanto, para el diputado Sergio Cisneros el objetivo de todo este Consenso es no gastar más recursos de los que genera la provincia, aunque en varios aspectos se está afectando a los sectores más vulnerables.
El diputado Baltasar Lara Gros manifestó que la firma del pacto entre la nación y los gobernadores es muy positivo para el fomento del federalismo, aunque aclaró que hay varios puntos que no son de su agrado y que deberían corregirse como la cesión de facultades de las provincias al Ejecutivo Nacional.
El legislador criticó el desfinanciamiento que trae aparejado este proyecto para las Cooperadoras Asistenciales en Salta y resaltó el trabajo del Gobernador Juan Manuel Urtubey para el interior de la provincia.
El diputado Santiago Godoy explicó que la actual crisis y el déficit económico de la provincia están muy relacionadas a las políticas implementadas por el presidente Mauricio Macri, que redujeron en $2 mil millones anuales el dinero percibe Salta, en beneficio de Buenos Aires y la Capital Federal.
“La tabla que modifica las alícuotas impositivas es una copia de la tabla que presentó el presidente y que los gobernadores no tuvieron otra alternativa que firmar”, dijo el legislador a la vez que aseguró que: “Salta no va a tocar ningún empleado y va a tratar que a ningún sector necesitado le pase nada. Si se recauda de más estos fondos son coparticipables, por lo cual se podrán distribuir entre los municipios para que paguen sus sueldos y aguinaldos”.
Para finalizar su alocución, el presidente de la Cámara de Diputados explicó que "los "guardianes de Macri", no entienden lo grave que sería dejar a tanta gente sin trabajo por falta de recursos, y además hablan de impuestazo sin hacer referencia a que la municipalidad de Salta elevó entre un 19 y un 24% los tributos que cobra, perjudicando a muchos salteños".
El diputado Germán Rallé comentó que la pobreza estructural de la provincia se acrecienta cada vez más con las políticas económicas del Ejecutivo Nacional.
En este sentido, el diputado Alberto Abadía expresó: “Toda la riquezas y los recursos se van a Buenos Aires, mientras que en el interior del país, gran cantidad de personas mueren de hambre”.
Por su parte, el diputado Andrés Suriani remarcó que el Consenso Fiscal original contiene lineamientos para armonizar estructuras tributarias de forma tal de promover el empleo, la inversión y el crecimiento económico.
“Estamos en una situación muy compleja y necesitamos trabajo, pero el artículo segundo enviado por el Ejecutivo demuestra las intenciones de implementar un tarifazo por parte del gobierno provincial”, declaró el legislador.
Coincidiendo con su compañero de Bloque, el diputado Martín De Los Ríos cuestionó que sus colegas intentaran justificar un impuestazo por parte del gobierno provincial ya que el Pacto Fiscal no busca un aumento en las alícuotas de las diferentes actividades.
El diputado Dionel Ávalos consideró que en la provincia y en la nación se realiza una mala praxis en cuestiones políticas y económicas.
“Exceptuamos a las grandes mineras, a los productores de soja y los ganaderos de las presiones impositivas, mientras que a los que menos tienen se les aplica un fuerte ajuste económico”, dijo el legislador.
Ávalos confirmó su rechazo al proyecto argumentando que sería votar en contra de la necesidad de los salteños; como así también criticó las medidas contra las Cooperadoras Asistenciales, el aumento de servicios y la compra de energías a Chile, en lugar de fomentar el trabajo en la provincia.
Por su parte, diputado Claudio Del Plá manifestó que el oficialismo presentó el proyecto como una extorsión al gobernador Juan Manuel Urtubey, victimizándolo cuando es un gran precursor de esta situación económica al igual que el Gobierno Nacional.
“Pensaron erróneamente que se cumpliría una de las grandes mentiras del neoliberalismo, la cual señala que si le quitaban impuestos al capitalista, éste crece más y las economías crecen y todos salen beneficiados, cosa que la historia demostró que no es así”, declaró el legislador.
Del Plá explicó que se incrementará el valor fiscal del impuesto inmobiliario a los propietarios de vivienda única, habrá encarecimiento del costo de vida de los trabajadores y la quita de subsidios de los servicios públicos para compensar todas las eximiciones económicas a las empresas capitalistas.
“El pueblo se ha sacrificado tal como pidió el presidente Macri y en estos dos años no se avanzó nada y las oportunidades prometidas no llegaron”, concluyó el diputado.
En la misma sintonía que su compañero de bloque, el diputado Arturo Borrelli manifestó que tanto el oficialismo como la oposición a nivel nacional y provincial se culpan mutuamente cuando ambas partes buscan aplicar un tarifazo a la población.
“Se está buscando una criminalización de la protesta social y culpar al trabajador, dejando de lado las grandes ganancias que todas las empresas obtienen con las medidas implementadas por los gobiernos nacional y provincial”, dijo el legislador.
El diputado Héctor Chibán cuestionó el breve tiempo con el que contaron para analizar el proyecto, siendo que se va a aplicar un aumento de impuestos a los salteños.
“El gobierno provincial quiere usar el convenio fiscal para tapar su inoperancia y su ineptitud administrativa, intentando que la culpa recaiga en el poder ejecutivo nacional”, declaró el legislador.
En tanto, compartiendo la visión de su compañero de Bloque, el diputado Mario Mimessi aseguró que el convenio tiene puntos bueno y otros que no comparte, por lo cual rechazó el Proyecto al considerarlo contrario a los beneficios de los Salteños.
El diputado Ramón Villa explicó la negativa al apoyo del Proyecto del Bloque del Partido de la Victoria al tratarse de una medida que impacta fuertemente en lo más vulnerables.
“Necesitamos la construcción de una Nación federal que responda al interés de nuestro pueblo por lo que cada uno de los legisladores debe hacerse cargo de lo que apoya, en perjuicio de algunos y en beneficio de otros”, declaró el legislador.
Coincidiendo con Villa, la diputada Isabel De Vita expresó la preocupación de las Pymes por el aumento de las alícuotas que perjudicaría notoriamente su economía.
El diputado Manuel Pailler aseguró que el Consenso Fiscal trae aparejado dificultades al comercio y a la economía provincial, ya que de esta manera “se combate a los pobres y no a la pobreza” que son cosas muy distintas.
Coincidiendo con su compañero de Bloque, el diputado Tomás Rodríguez afirmó que se intenta despegar la figura de Urtubey y la de Macri cuando ambas funcionan en igual sintonía, así también, declaró: “esto es un ajuste muy duro para la sociedad, disfrazado de Pacto Fiscal”.
Por su parte, el diputado Julio Moreno manifestó que lo más apropiado es que el Poder Ejecutivo Provincial debe explicar por qué se llegó a esta situación de gran crisis económica en las arcas provinciales.
“Las provincias, que cada vez más dependen de nación, ya han sacrificado muchos de sus derechos para respetar la orden del poder nacional de bajar el déficit fiscal”, dijo el legislador.
A su vez, Moreno explicó que el proyecto perjudica a las Pymes fomentando la economía ilegal y el trabajo informal, precarizando las condiciones de vida de los salteños. Finalmente hizo una moción para la vuelta a comisión del proyecto que fue rechazada por mayoría.
El diputado Mario Ábalos afirmó que este Proyecto no plasma lo solicitado por el presidente Mauricio Macri, sino que el gobernador Juan Manuel Urtubey aprovechó la oportunidad para "implantar un impuestazo contra los salteños y de esa manera intentar ocultar su pésima capacidad administrativa".
“No entiendo por qué si mis pares oficialistas sienten extorsión por parte del gobierno nacional no votan en contra del Proyecto, claro está que buscan tapar la verdadera intención del gobierno provincial”, dijo el legislador.
Coincidiendo con su compañero de bloque, el diputado Javier Diez Villa criticó que las autoridades provinciales no explicaron a los legisladores ni a los salteños en general las bases del acuerdo y los puntos claves que el gobierno provincial propone.
“Nación pide gastar lo que se tiene y no más de eso; mientras que desde el Ejecutivo Provincial quieren recaudar más para poder gastar mucho más todavía, aumentando el déficit fiscal”, declaró el legislador.
Por su parte, el diputado Guillermo Martinelli aseguró que el consenso es un paraguas protector para las medidas adoptadas por el gobierno provincial contra la difícil situación económica de la provincia, que obviamente no coincide con los números expuestos por el gobernador cada año.
“El proyecto de Macri no promueve el impuestazo, esto es pura autoría de Urtubey para justificar sus números”, dijo el legislador.
El diputado criticó la rebaja a los impuestos a la minería, ya que considera que las empresas extranjeras vaciarán la provincia sin dejar réditos importantes en materia económica.
La diputada Bettina Romero explicó que la iniciativa presentada por el Ejecutivo provincial está lejos de lo que se firmó con Nación, porque avanza en cuestiones que no estaban contempladas originalmente y que tendrían un impacto muy fuerte y negativo en los salteños.
“Esto contradice lo planteado por el presiente, ya que en Salta con la excusa del Pacto, se incluyeron artículos que poco tienen que ver con terminar el despilfarro político, más bien, trata de tapar la mala tarea de la administración pública provincial”, declaró la legisladora.
El diputado Luis Cisnero y la diputada Silvia Varg coincidieron en que el proyecto es malo porque intenta ocultar los desmanejos del gobierno provincial, que nunca pudo solucionar el problema de la pobreza y el hambre en Salta.
El proyecto fue aprobado en general con 31 votos a favor y 21 en contra. Pasó al Senado en revisión.
