La mencionada normativa establece la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Mientras que el Decreto declara la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género en todo el territorio de la provincia.
Villada se dirigió a los ediles luego de aprobada la iniciativa, para resaltar el interés de que “los concejales puedan tener un contacto directo con los medios de comunicación a fin de expresar la importancia de la difusión de estas normas”
En la iniciativa se requiere también a los medios de comunicación que, cuando transmitan en sus noticieros y flashes informativos noticias sobre violencia de género, difundan las líneas telefónicas para radicar denuncias y pedir asesoramiento en materia de violencia de género. Considerando que la Secretaría de Comunicaciones asigna al Consejo Nacional de las Mujeres la línea indicativa de Servicios Especiales “144” para la atención de consultas de violencia de género en el ámbito de la República Argentina. Se consigna finalmente el envío de una copia de la Resolución a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), delegación Salta e invitar la comunicación a todos los medios representados por el organismo.
Tomaron la palabra para manifestar su apoyo los ediles Marta Martín, Rodrigo Tolaba, Mirta Hauchana (todos del PO), Frida Fonseca Lardies, Eliana Chuchuy (ambas del PJ) y Ángela Di Bez (SST).
Frida Fonseca (PJ), al apoyar la iniciativa sostuvo que “la violencia de género es uno de los problemas sociales que golpea a los vecinos, ciudadanos y ciudadanas. En 2014 ha habido 276 mujeres que han muerto como consecuencia de la violencia contra las mujeres, datos que alarman y nos ocupan. Más aún sabiendo que en la gran mayoría de estos casos el victimario ha sido un familiar, pareja o expareja de la mujer. Es decir que la mitad de estas situaciones sucedieron dentro de la casa”. Destacó además la importancia de que el “Estado tome decisiones contundentes al luchar contra el flagelo, siendo Salta la única provincia que cuenta con la norma de emergencia por violencia de género. Esto permite la implementación de una serie de medidas que le permiten hacerse cargo de la problemática y visibilizarla”. Sobre la Resolución aprobada afirmó que “apunta a difundir y en ese sentido es muy valiosa porque uno de los temas fundamentales tiene que ver con la cultura y el conocimiento de las formas de resguardo por parte de las mujeres”.
Ángela Di Bez (SST) refirió que “una vida sin violencia es un derecho humano que es indivisible, la lucha viene desde un solo lado que es la educación. Vivimos en una sociedad machista y patriarcal desde el principio de los tiempos, esa cultura sigue hasta hoy pero el Estado debe promover políticas públicas que permitan la independencia económica de la mujer, ya que mientras más puedan valerse por sí mismas mas podrán afrontar la violencia, También es necesario poner penas máximas a los violadores.
La concejal Marta Martín (PO), por su parte manifestó que si bien apoyan tanto esta iniciativa como la Ley contra la violencia de género aprobada en Diputados “es necesario tener en cuenta que el problema de la violencia hacia la mujer no es un problema que tenga que ver con la falta de leyes, ya que lo que hace falta es su aplicación. Tiene que ver con la elección de jueces y fiscales por parte del gobernador, nosotros desde el Partido Obrero señalamos que la violencia a la mujer y niños forma parte de la misma esencia del capitalismo, en donde se le da entidad formal a vulneraciones gravísimas que se producen. El reto que nos queda es que se cumplan estas leyes y que se apliquen urgentemente”.
Eliana Chuchuy (PJ) resaltó la conformación del Observatorio de Violencia de Género, el que va a permitir delinear las políticas públicas más concretas para dar garantía a las mujeres que sufren la violencia.
Rodrigo Tolaba (PO) planteó que la responsabilidad de la ejecución de las leyes pasa por el Estado, quien reconoce desde hace tiempo la problemática de la violencia de género. “Todavía no se ha desarrollado una política integral que implique terminar con el oscurantismo y que se avance en educación sexual, científica y laica. Hace falta una política pública de salud que atienda los problemas de la anticoncepción y que se establezca el derecho al aborto legal y gratuito para que no mueran más mujeres por abortos clandestinos”.
