Los ediles acompañaron el dictamen de mayoría que disponía no hacer lugar al pedido de esa organización a excepción de los cuatro concejales del PV, que avalaban un proyecto de Ordenanza para conformar dicha área.
El rechazo de la mayoría estuvo fundando en que la acción del Estado debe enfocarse en principios basados en el cambio social, la promoción y protección de los derechos humanos y de género, la calidad, aprendizaje y mejora, así como la participación y protagonismo de las personas sujetas a esta realidad para que se fortalezcan como ciudadanos y ciudadanas activas, reconocidas como vecinos y vecinas de la ciudad, capaces de defender y ser reivindicadas en sus derechos.
La concejal Frida Fonseca Lardies (PJ) valoró que los concejales hayan decidido dar tratamiento a este tema, que no se postergue y que el Concejo Deliberante se expida. Remarcó la situación de discriminación, de estigmatización y vulnerabilidad en sus derechos cívicos y sociales que afronta el sector.
Opinó que Salta puede crear o no una zona de convivencia y si es valioso o no para la comunidad, “nosotros tenemos la obligación de legislar lo que mejor parezca para la ciudad de Salta” afirmó. Señaló que con la reforma de la ley de Contravenciones se habilitó a los municipios a crear la zona de convivencia, pero el Estado se tendría que haber ocupado de que las personas trans tengan otra opción de vida y no conformar una zona en la que pueda facilitarse la trata de personas.
Lihue Figueroa (PV) sostuvo que el Concejo Deliberante podía generar un hecho histórico al crear la zona de convivencia, lo que significaría un reconocimiento de la vulnerabilidad de un sector y aportar a un espacio donde haya seguridad en sus actividades.
Formuló cifras en cuanto a la situación del colectivo de la diversidad sexual, sosteniendo que sus inicios de identidad de género surgen a los 13 años, que el 84% de los transexuales no concluye sus estudios primarios y secundarios, las dificultades que se les presentan para acceder a la vivienda, la salud y la educación además de la violencia de género que sufren. Expuso que el 95 % de las mujeres trans se dedican a la prostitución que es su modo de vida impulsado por la sociedad.
La concejal Socorro Villamayor (Por Salta) consignó aspectos del artículo 114 de la Ley de Contravenciones que sanciona con arresto de 20 días o multas a quien demande u ofrezca sexo en la vía pública y que en el supuesto que las municipalidades habiliten la zona de convivencia quedan sin efecto esas contravención. Refirió que todo indica que el reclamo se debe hacer frente a aquellos que tienen capacidad para resolver la cuestión que es el gobernador y sus ministros. “Se deben analizar múltiples aristas y el municipio no puede avanzar. En el caso del lugar, hay reclamos de vecinos; si se trata de un lugar privado se debe expropiar; en materia de salud los certificados sanitarios competen a la provincia al igual que la seguridad. Y si surgiera un lugar el municipio debe invertir y hoy no lo puede hacer porque hasta se le retacean los recursos” detalló.
El concejal Ángel Ortiz (UCR) también adelantó su voto negativo al sostener: “me opongo a que el Estado tenga que delimitar una zona de prostitución, es un planteo en el que no podemos salir a auxiliar de esta forma. Como política pública no puede habilitarse la prostitución o generen garantías y derechos para su ejercicio”.
La concejal Ángela Di Bez (Primero Salta) aludió a las notas de vecinos del barrio Hernando de Lerma y de La Pedrera, la primera que pide se erradique la oferta sexual en la vía pública y la segunda que rechaza el traslado de la zona de convivencia al camino de ingreso a los barrios de esa zona, pasando el Parque Industrial. Sostuvo: “no hay alternativas pero me ofrezco a brindar mi apoyo a las gestiones que deba realizar el MTA ante las autoridades provinciales y legislativas”.
El concejal Alberto Salím (Ateneo Illia) al igual que lo hizo en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales que preside, no avaló la conformación de la zona de convivencia. Dijo que: “detrás de la prostitución esta la trata de personas, la prostitución infantil y la venta ilegal de drogas y alcohol”.
La concejal Romina Arroyo (SD) refirió que los grupos trans son discriminados al igual que ocurre con los discapacitados y los pueblos originarios, como surgen de las denuncias que se hacen ante el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI). También manifestó no compartir el accionar de la policía que violan generalmente los derechos de quienes realizan oferta sexual.
El concejal Ignacio González (Primero Salta) consideró necesario la discusión libre de hipocresía de este temática y ante el pedido de la MTA sobre conformar o no una zona de convivencia. “Esto se halla condicionado a una mala ley de la provincia y me veo obligado a votar en contra porque no están dadas las condiciones para concretarla” concluyó.
