La decisión fue comunicada a través de una carta fechada hoy, 30 de octubre, en la Ciudad de Buenos Aires, dirigida a Mauricio Macri.
La jefa de los fiscales, muy afín al kirchnerismo, se encuentra procesada como coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por la compra de un edificio en la calle Perón al 600 para que funcionen las oficinas de la Procuración.
Por el inmueble se pagaron 43 millones de pesos y se abonaron comisiones que rondaron los 10,7 millones de pesos.
