El Proyecto tiene por autores a los concejales Arturo Borelli, Rodrigo Tolaba, José Britos, Mirta Hauchana y Marta Martìn (todos del PO) y fue sancionado con una pequeña modificación.
Borelli señaló que el objetivo es que no se instrumente la Resolución de la Corte de Justicia de la Nación, por lo que el cargo fijado para los usuarios por el gas importado le representará valores confiscatorios. El edil criticó la política de importación de combustibles, que se descarga sobre los trabajadores y que las contratistas no invirtieron para extraer el gas en territorio nacional, pasando Argentina de ser exportador a ser importador.
El concejal Gastón Galíndez (PJ) dijo que acompañaba con su voto el Proyecto de Declaración pero que no compartía el planteamiento ideológico expresado por el concejal Borelli. Sostuvo además el trabajo que realiza el Defensor del Pueblo, comisionado del Concejo Deliberante, sobre la temática del servicio de gas domiciliario.
En tanto Ángela Di Bez (SST) dio aval a la iniciativa y fue quien advirtió que debía aprobarse una Declaración y no una Resolución como figuraba en el expediente. Hizo eliminar del texto la palabra inconstitucional, ya que precisamente el fallo de la Corte de Justicia declaró constitucional al Decreto señalado.
