En dicho documento se hizo un repaso de lo realizado, primeramente con la visita a la madre de la menor en el Hospital Materno Infantil, en donde permanecía internada la niña debido a su estado de embarazo.
Luego en Tartagal, donde se constituyó la comisión, se entrevistaron con el Juez que lleva la causa, Fernando Mariscal Astigueta, la jueza de menores, Sandra Sánchez, el fiscal penal, Armando Cazón, la asesora de Menores e Incapaces, Eugenia Hernández y la defensora Oficial de Violencia Familiar y de Género, Andrea Magadán.
También se apersonaron al hospital Juan Domingo Perón, para entrevistarse con los profesionales médicos que atendieron a la menor, el Dr. Juan Carlos Limache Mamaní y el gerente del hospital de Alto La Sierra, Ramón Bustamante.
Finalmente se trasladaron a Alto la Sierra en donde dialogaron con el padre de la niña, Nicasio Sánchez, el cacique Arsenio Pérez, los concejales municipales Héctor Martínez y Alejandro Pérez y los agentes de policía Carlos Tapia y Verónica Urrutia.
A partir de los testimonios recogidos por la comisión, los diputados arribaron a las siguientes conclusiones preliminares:
Todas las autoridades judiciales y administrativas obligadas de cumplir con los protocolos de atención integral para los casos de abortos no punibles y para la atención integral de las víctimas de violación, no lo hicieron.
Existieron fallas en los mecanismos gubernamentales del Poder Ejecutivo y Judicial para la contención y el acompañamiento de la víctima y la familia teniendo en cuenta las leyes vigentes al respecto.
Las medidas judiciales tomadas durante el proceso penal por las autoridades no fueron oportunas y conducentes para el esclarecimiento del hecho. Asimismo no se observó la correcta preservación de los elementos de prueba que pueden resultar irreproducibles.
Por último se observó una sobreactuación por parte de los funcionarios judiciales que tomaron parte en el proceso a partir de la intervención de la Cámara de Diputados.
El informe junto a lo manifestado por los diputados en la sesión se remitirán a la Corte de Justicia, el Procurador General, la Defensora General y la Asesora de Incapaces, sugiriendo que se tomen las medidas que pudieran corresponder contra los actores judiciales que participaron del proceso.
Asimismo, se lo remitirá al jefe de Gabinete de Ministros para que inicie un sumario de investigación en los ministerios que debieron intervenir: Derechos Humanos y Justicia, Salud Pública, Asuntos Indígenas, Seguridad y Primera Infancia.
El diputado Mario Ángel expresó que cuando dialogó con el Juez y el Fiscal, “daba la impresión de que para ellos la culpa era siempre del otro y lo real es que por ejemplo el juez ni conocía a los acusados que liberó”.
Además, hizo referencia a la falta de médicos en la zona y lo mal que actuó, a su criterio, el médico legista. Finalmente expresó las sospechas de que todos los acusados mayores de edad se hayan fugado, ya que así lo señalaron en Alto La Sierra.
El diputado Arturo Borelli remarcó la “actitud encubridora de la Justicia en todo momento”, y cuestionó la actuación del ministerio de Justicia, así como también al fiscal Cazón.
Finalmente solicitó que la investigación continúe abierta y propuso se haga un diagnóstico en cinco centros de salud representativos de la provincia para conocer cual es el conocimiento de la aplicación de los protocolos que tienen.
El diputado Ramón Villa, señaló que este problema no es algo único ni de ahora, sino que se viene registrando desde hace años. Además señaló estar esperanzado que esto sirva para que no vuelva a suceder en el futuro.
Por su parte, Lucas Godoy adelantó que existe la posibilidad de discutir un nuevo protocolo de aborto no punible y que se lo hará con la participación de agrupaciones de mujeres y el Observatorio de Violencia de Género.
La diputada Gabriela Martinich descartó que el caso se pueda enmarcar en una cuestión cultural, y que la denuncia realizada por la madre de la menor es la prueba de ello.
Por ultimo, el diputado Manuel Santiago Godoy afirmó que hubo fallas graves en todo el proceso, por lo que se debe sancionar a los responsables. Con respecto al futuro expresó que los diputados deben estar atento a idear mecanismo que desde las leyes ayuden a evitar que suceda nuevamente un caso similar y planteó la creación de un defensor oficial exclusivo para asuntos indígenas con asiento en Tartagal, como una herramienta al respecto. El informe y las conclusiones fueron aprobadas por unanimidad.
